La Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, promulgada en diciembre de 2024, constituye una herramienta del gobierno ecuatoriano para enfrentar el lavado de activos y fortalecer la transparencia en las transacciones financieras. Esta normativa busca atacar directamente las estructuras que sostienen la economía criminal y, al mismo tiempo, incrementar la recaudación fiscal mediante la formalización de sectores vulnerables. Además, alinea al país con las mejores prácticas internacionales para combatir este tipo de delitos. Este esfuerzo también contribuye a la estabilización del sistema financiero nacional, mejorando la percepción de Ecuador como un mercado confiable para inversores nacionales e internacionales.

Objetivos y Alcance de la Ley

El objetivo primordial de esta legislación es prevenir, identificar y dar combate al lavado de activos en la economía ecuatoriana. Esto implica:

  • Reducir la introducción de capitales de origen ilícito que distorsionan la economía formal.
  • Desarticular las redes criminales que utilizan sistemas financieros para blanquear dinero.
  • Aumentar la transparencia financiera, lo que también fortalece la confianza de inversionistas y ciudadanos.
  • Garantizar la integridad del sistema financiero mediante controles rigurosos y sanciones disuasivas.

El marco legal se extiende a personas naturales y jurídicas, incluyendo sectores tradicionalmente menos regulados, como las actividades tecnológicas, vehiculares y deportivas, promoviendo una cobertura más amplia de prevención y detección de irregularidades.

Principales Disposiciones y Reformas de la Ley para Combate al lavado de activos

1. Reformas Tributarias y Vehiculares

  • Nuevo impuesto sobre transferencia de vehículos usados: Se introduce una tarifa progresiva de hasta el 5% sobre el valor del vehículo, estableciendo como referencia el avalúo oficial del SRI. Este impuesto busca formalizar un sector que ha servido como un posible canal para operaciones sospechosas y fomentar la contribución equitativa de este mercado al sistema tributario.
  • Responsabilidad solidaria: Los compradores y vendedores son corresponsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Este mecanismo asegura trazabilidad y disminuye las brechas de fiscalización, incentivando la formalidad en las transacciones de bienes usados.

2. Ampliación de las Competencias de la UAFE

  • Supervisión ampliada: La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ahora incluye en su alcance a sectores como las empresas tecnológicas y los proveedores de activos virtuales, fortaleciendo el control sobre actividades financieras no convencionales y abordando las vulnerabilidades del ecosistema digital.
  • Congelamiento de activos: La UAFE puede solicitar congelamientos preventivos ante indicios de actividades sospechosas, actuando en coordinación con el sistema judicial para una respuesta rápida y efectiva, asegurando que los fondos ilícitos no puedan integrarse en la economía formal.

3. Incorporación de Tecnologías Digitales

  • Regulación de activos virtuales: La normativa define y regula las criptomonedas y otros activos digitales, estableciendo requisitos específicos para su comercialización y uso dentro del sistema financiero. Estas medidas buscan prevenir que el entorno digital sea utilizado para fines ilícitos, garantizando mayor transparencia y control.
  • Automatización del monitoreo: Las entidades sujetas deben implementar sistemas tecnológicos avanzados para reportar actividades sospechosas en tiempo real, lo que mejora la detección temprana de riesgos y refuerza los mecanismos de supervisión.

4. Reformas en Leyes Clave

  • Ley de Compañías y Sociedades Anónimas Deportivas (SAD): Se introducen modelos corporativos innovadores que promueven la transparencia financiera, especialmente en sectores como el deportivo, tradicionalmente susceptibles a irregularidades. Las SAD fomentan una gestión profesionalizada y aseguran un manejo financiero responsable.
  • Ley del Deporte: Las SAD permiten mayor control y trazabilidad sobre el manejo económico de clubes deportivos, alineándolos con las mejores prácticas internacionales y fomentando la inversión privada en este sector.
  • Actualización del COIP: Se fortalecen las sanciones para delitos relacionados con el lavado de activos, incluyendo medidas que facilitan la inmovilización de bienes sospechosos y agilizan su recuperación en favor del Estado.

Impacto en el Sector Empresarial

Beneficios

  1. Mayor transparencia: La formalización genera confianza en las transacciones comerciales y mejora la reputación del país como destino seguro para inversión. Esto también atrae capital extranjero y estimula el desarrollo de negocios responsables.
  2. Acceso a mercados globales: Las empresas que cumplen con las regulaciones tendrán una mejor posición para operar en mercados internacionales, especialmente aquellos con estrictos estándares financieros y de compliance.
  3. Fortalecimiento del sistema financiero: La reducción de riesgos asociados al lavado de activos contribuye a un ecosistema financiero más robusto y seguro, lo que beneficia a todas las partes involucradas.

Retos

  1. Incremento en la carga administrativa: Las empresas, especialmente pymes, deberán adaptar sus sistemas internos para cumplir con los nuevos requisitos de reporte y prevención. Esto podría representar un esfuerzo significativo en términos de tiempo y recursos.
  2. Multas y sanciones: El incumplimiento puede derivar en sanciones severas, incluyendo restricciones operativas y daños reputacionales que podrían afectar gravemente la continuidad del negocio.
  3. Costos de implementación: Adoptar tecnología avanzada y capacitar al personal representan inversiones significativas, lo que podría generar barreras para las empresas con menor capacidad financiera.

Sector Deportivo y las SAD

Las reformas relacionadas con las Sociedades Anónimas Deportivas destacan por su capacidad de atraer inversión privada y profesionalizar la gestión económica de los clubes. Este modelo no solo fortalece la transparencia, sino que también reduce riesgos asociados al lavado de activos y mejora la competitividad del sector deportivo ecuatoriano. Las SAD también impulsan el desarrollo del deporte a nivel nacional, generando confianza entre patrocinadores, atletas y entidades regulatorias.

Conclusión

La Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos representa un avance significativo en la lucha contra la economía criminal en Ecuador. Aunque su implementación plantea retos importantes, también ofrece oportunidades para modernizar el sistema financiero y fortalecer la confianza del mercado.

Para las empresas, adaptarse a esta normativa será clave para evitar sanciones y aprovechar los beneficios de operar en un entorno más regulado y transparente. Asimismo, la colaboración entre el sector privado y las autoridades será fundamental para garantizar el cumplimiento efectivo de esta ley, asegurando un impacto positivo tanto en la economía nacional como en la seguridad financiera global. Este marco legal establece las bases para un futuro más transparente y equitativo, promoviendo la sostenibilidad económica del país.

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Preguntas Frecuentes (FAQ)

  1. ¿Qué medidas establece la ley contra el lavado de activos?
    La ley introduce controles más estrictos en sectores vulnerables y amplía las facultades de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
  2. ¿Qué sectores están más afectados por esta ley?
    Sectores como el automotriz, financiero, tecnológico y cualquier actividad que involucre transacciones de alto valor.
  3. ¿Qué pasa si una empresa no cumple con las disposiciones de esta ley?
    Las empresas pueden enfrentar sanciones financieras severas y un daño significativo a su reputación.
  4. ¿Cómo puede una empresa prepararse para esta ley?
    Implementando políticas de compliance, capacitando al personal y fortaleciendo los sistemas de monitoreo de transacciones.
  5. ¿Por qué es importante contar con asesoría especializada?
    Una asesoría profesional asegura que su empresa cumpla con las disposiciones legales, evitando sanciones y fortaleciendo sus operaciones.

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